Con estas palabras explicaba hoy Martínez la postura del Gobierno municipal respecto a la M-30, horas después de que la delegación de europarlamentarios de la Comisión de Peticiones que ha inspeccionado in situ las obras regresara a Bruselas.

La concejala popular solicitó, por otra parte, al Ministerio de Medio Ambiente que resuelva la inseguridad jurídica de las grandes obras que realizan los ayuntamientos.

"Quien tiene que contestar es la ministra de Medio Ambiente", aseguró. "Tiene el balón en su tejado, donde siempre ha estado. Lo que ocurre es que se utiliza esta estrategia para desgastar al Gobierno (municipal), pero hoy la ministra tiene que dar una respuesta que todavía no hemos escuchado".

Precisamente, los europarlamentarios revelaron ayer, en la rueda de prensa en la que hicieron balance de su visita, que en su encuentro con Narbona ésta les trasladó que "creyó desde un principio" que tales obras precisaban de un estudio de impacto ambiental, lo que no se ha realizado.

Pero, a juicio de la concejala, el Ministerio de Medio Ambiente tuvo la oportunidad de responder al Derecho Comunitario cuando un juez dictaminó al respecto, en un caso de Paterna, el pasado mes de marzo. "Es una sentencia que tiene que cumplir y que no ha cumplido".

También pudo hacerlo, agregó, con el Plan Estratégico de Infraestructuras. Sin embargo, "no lo resolvió y hoy, todos los ayuntamientos de España podrían tener un problema. El Ayuntamiento de Madrid lo está resolviendo, pero existe una inseguridad jurídica, un defecto del derecho, y ese defecto lo tiene que corregir quien tiene las competencias, que es el Ministerio de Medio Ambiente", insistió Martínez.

Para la edil responsable de Urbanismo, mientras la legislación actual no se modifique, el Ayuntamiento de Madrid "actúa correctamente".

De todas formas, anunció que, en relación a la M-30, en los proyecto del norte, "vamos a hacer declaración de impacto ambiental y vamos a evaluar los efectos acumulados de la M-30", con lo que confirmó el anuncio de Alberto Ruiz-Gallardón en su reunión con la delegación de la UE.

"Más no se le puede pedir a un Gobierno local", añadió. "Todo ello, sin esperar a que se lo diga un juez y sin tener la competencia de legislar. Pero, el resto de ayuntamientos, como le ocurrió a Valencia, ¿quién los defiende?", concluyó.