"En vez de potenciar las políticas sociales se opta por acotar un espacio; es decir, que si antes dormían dentro del recinto ahora cerrado es posible que ahora lo hagan sólo a unos metros", manifestó Hernández.

A su juicio, "las excusas tienen escasa credibilidad, ya que si se trata de preservar el patrimonio histórico cabe recordar que el deterioro del viaducto, totalmente descascarillado y sin atender hace años, no obedece sólo a la presencia de estas personas".

Según Hernández, tampoco vale que se argumente que estas personas declinan todo tipo de asistencia, "primero porque habría que contrastarlo y segundo porque existe un marco jurídico, en concreto al amparo de la Ley 1/2000 de enjuiciamiento civil que permite, ante situaciones de riesgo personal, la actuación protectora de la persona afectada".

IU recordó que en más de una ocasión su grupo ha denunciado el incumplimiento sistemático en el Viaducto del protocolo de desalojo de "sin techo", que obliga a la presencia del Samur Social. "Simplemente, no se cumplía, ya que era la Policía Municipal quien directamente les desalojaba", denunció.