Según el ayuntamiento, el proyecto vulnera toda la normativa legal vigente en materia de proyección, construcción y seguridad de grandes presas.

La querella se dirige contra el secretario de Estado de Aguas y Costas, Benigno Blanco, como autor de la resolución ministerial que aprobó el proyecto; Carlos Manuel Escartín, director general de Obras Hidráulica; José María Vizcaíno, jefe del Area de Inspección de Presas del Ministerio de Medio Ambiente, y José Ramón González, ex director general de Información y Evaluación Ambiental del antiguo MOPTMA, como autor de la declaración positiva de impacto ambietnal.

Asimismo, el ayuntamiento se ha querellado contra Tomás Angel Sancho, presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro; Miguel Zueco, ingeniero director del proyecto; Francisco Fiteni, jefe de la dirección técnica de la confederación, y Miguel Péez e Iñigo Barahón, coautores del proyecto.

La querella se interpone por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, falsedad documental y riesgo de catástrofe.

Según el Ayuntamiento de Santaliestra y San Quilez, todos ellos han incumplido la normativa sobre proyectos de construcción de grandes presas, especialmente en los aspectos relativos a la seguridad.

El ayuntamiento ha aportado al juzgado informes técnicos que alertan sobre la posibiidad de que se produzca una catástrofe de consecuencias y alcance gravísimos, si la presa se construye tal como ha sido concebida. Entre estos informes figuran algunos de la propia Administración que desaconsejan la aprobación del proyecto.