En una asamblea vecinal, celebrada el pasado jueves, una persona afirmó que dos abogados municipales le ofrecieron 100 millones de pesetas en inversiones públicas para estas poblaciones, en cuyas inmediaciones se construiría el centro penitenciario.

El alcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, calificó las acusaciones de "calumnias" y añadió que amenta profundamente actitudes "mezquinas y deplorables como la de esta persona en la asamblea vecinal, que viene a enrarecer y crispar el debete social abierto".

Los representantes de las asociaciones de vecinos de la zona oeste de Cartagena solicitaron la convocatoria de un referendum en el municipio para que se demuestre el rechazo de la población a la instalación de la cárcel y preparan movilizaciones.

Por su parte, las propietarias de los terrenos amenazaron con iniciar una huelga de hambre i el Ayuntamiento les expropia para instalar la macrocárcel, a la que también se opone la agrupación socialista de Cartagena oeste.