La propuesta de anular el traslado de este agente, que tiene menos de 40 años y que está actualmente prestando servicios en la Policía Municipal de Madrid, fue aprobada hoy por el Pleno del Ayuntamiento de la capital, a propuesta de Izquierda Unida, con el voto a favor de todos los grupos municipales.

El policía había sido condenado antes de trasladarse a Madrid por varios delitos. Entre ellos, en 2003 fue acusado de un delito de torturas y faltas contra dos menores detenidos indebidamente y condenado con sentencia firme de un año de prisión y dos de inhabilitación en el cargo.

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento, Pedro Calvo, aseguró ante el Pleno que no ha habido complicidad en ningún caso con el Consistorio de Villaviciosa de Odón, sino ausencia de información por parte de la alcaldesa y de su homólogo en el mismo, quienes informaron a la institución municipal madrileña que en el expediente de este policía no figuraba ninguna nota desfavorable.

Julio Misiego, de Izquierda Unida, insistió en que hay que impedir que funcionarios de esta naturaleza vengan al Ayuntamiento de Madrid. Se mostró convencido de que el consistorio madrileño ha sido engañado en este asunto por el de Villaviciosa de Odón, al que acusó de "deslealtad institucional absoluta", y pidió a Calvo que presente una queja firme ante los responsables de dicho ayuntamiento.

Por su parte, Noelia Martínez, del PSOE, lamentó que los filtros de control del Ayuntamiento de Madrid hayan fallado en este caso, aunque recalcó que lo más importante es la falta de lealtad del consistorio de Villaviciosa de Odón al no incorporar en el expediente de este policía sus antecedentes personales y penales.