La mayor parte del gasto para llevar adelante los procesos de reconversión en los sectores más afectados por la crisis industrial de os años setenta se produjo entre 1983 y 1988, periodo en el que se invirtieron 582.522 millones de pesetas.

Por lo que se refiere a las ayudas reconocidas entre 1989 y 1991, se desviaron al alza en 99.197 millones de pesetas, ya que estaba previsto que ascendiesen a 75.103 millones y se situaron en 174.300 millones.

Por sectores, la siderurgia integral y el textil absorbieron casi las dos terceras partes de la ayuda concedida por el Ministerio de Industria entre 1982 y 1991, con 239.997 y 188.205millones de pesetas, respectivamente.

Destacan también las ayudas a Alcatel Standard Eléctrica, que se elevaron a 138.338 millones de pesetas; al sector de fertilizantes, con 51.334 millones; y a los electrodomésticos de línea blanca, con 40.520 millones.

Otro sector que recibió apoyos oficiales es la construcción naval, a la que se otorgaron ayudas por un importe de 26.314 millones de pesetas, incluyendo en ellas a los grandes, pequeños y medianos astilleros.

El resto de las ayudas a process de reconversión se repartió entre el sector de Aceros Especiales (20.893 millones de pesetas), grupo Explosivos Rio Tinto (24.980 millones), Marconi Española (6.381 millones), Componentes Electrónicos (1.285 millones), Equipo Electrónico de Automoción (13.034 millones), Forja Pesada de Estampación (1.262 millones) y el sector de Semitransformados de Cobre (3.048 millones).

PRIVATIZACIONES

Por otra parte, en este periodo el Instituto Nacional de Industria (INI) privatizó numerosas empresas, si bienno hay una estimación global de los ingresos obtenidos con la venta de estas sociedades.

Entre las principales privatizaciones del INI entre 1984 y 1990, la mayoría dieron lugar a operaciones de venta a sociedades extranjeras, como la de Seat a Volkswagen, Enasa a Fiat, Ateinsa y Maquinista Terrestre y Marítima a Gec-Alsthom, y la empresa de alimentación Oesa al grupo italiano Ferruzzi.

La aceleración de los procesos de privatización en los últimos años obedece, entre otras razones, al fuerte aumnto de la carga que representan para la Administración las transferencias corrientes y de capital a las empresas públicas.

Aún en 1984, estas transferencias ascendían a 760.100 millones de pesetas, lo que suponía un 33,5 por ciento de la necesidad de endeudamiento del Estado. Sin embargo, en 1988 se habían elevado a 1.140.100 millones de pesetas, cantidad equivalente al 77,6 por cien de la necesidad de endeudamiento.

Para privatizar, el Estado ha seguido dos estrategias alternativas, vender la emresa en su integridad al sector privado, nacional o extranjero, y poner en práctica un proceso de venta al público de un determinado paquete de acciones, como ocurrió en el caso de Repsol.

La estrategia privatizadora se ha visto afectada también por dos circunstancias ajenas a la crisis industrial, como con la crisis bancaria y la expropiación de Rumasa.