Aparicio ubrayó que CPD, propiedad de la esposa del recientemente destituido director general de Migraciones, Juan Aycart, fue constituida en 1985, cuando Joaquín Almunia era ministro de Trabajo.

De esta forma, la empresa adquirió la condición de colaboradora oficial del Inem en 1994. Además, de los 2.000 millones de pesetas que le adeuda el Estado, 1.800 millones fueron devengados por servicios de formación a distancia para los llamados "contratos basura" realizados en 1994, 1995 y los primeros meses de 1996. Según el nuevo titular de Trabajo, en aquellos años CPD era la principal proveedora de formación a distancia con la que contaba el Inem. Precisó, además, que esta relación ya no existe, puesto que ni existen los "contratos basura" ni se mantienen los mismos mecanismos de facturación.

Según Aparicio, Juan Aycart ocupaba en esos tres años el cargo de consejero técnico del Gabinete del Ministerio de Trabajo. Afirmó que estos hechos no se van a volver a repetir, puesto que el Gobierno modificó los téminos de la contratación de estos servicios "hace ya bastantes meses".

Preguntado por los motivos que llevaron a la dimisión de su predecesor en el cargo, Manuel Pimentel, el nuevo ministro aseguró que se trata de una decisión tomada porque un cargo de confianza (Aycart) no había suministrado información sufiente sobre este asunto.