Los dos afiliados populares, Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz, solicitaron durante el juicio una indemnización que sería entregada íntegramente a la AVT, organizadora de la manifestación del 22 de enero de 2005 tras la que ambos fueron detenidos.

El tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid considera que Barrios y De la Cruz "sufrieron un daño moral, primero al ser detenidos y luego al aparecer ante la opinión pública como imputados de unos hechos que no habían cometido".

Por ello, los magistrados fijan una indemnización de 12.000 euros a favor de cada uno de los militantes del Partido Popular "que, por expresa indicación de tales perjudicados, se pagará a la Asociación de Víctimas del Terrorismo".