El presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz, y miembros de su asociación, como la viuda de la primera víctima tras la tregua de ETA de 1998, dieron a conocer el denominado "Manifiesto Memoria, Dignidad y Justicia", que han elaborado miembros del colectivo, juristas y otros profesionales.

Alcaraz explicó que la recogida de firmas se llevará a cabo durante el presente mes de mayo, pero tendrá como momento destacado el próximo sábado, día 7, día en el se instalarán mesas por toda España para que los ciudadanos puedan aportar su firma.

Aseguró que con este objetivo están contactando con distintas asociaciones, al tiempo que destacó que ya han sumado más de 3.000 firmas, entre ellas las de distintos ayuntamientos e instituciones, desde que dieron a conocer esta iniciativa el pasado sábado.

NO AL "CHANTAJE"

Alcaraz manifestó que su organización pretende con esta recogida de firmas "lanzar un mensaje a este Gobierno o a cualquier gobierno" para que "no se ceda ante las negociaciones encubiertas" con los terroristas, porque supone doblegarse ante el "chantaje" y a un intento de violentar el Estado de derecho.

Destacó que igual que en 1997 "la sociedad no se doblegó ante el terrorismo" con el secuestro y asesinato del concejal del PP Miguel Angel Blanco, tampoco se puede hacer ahora para satisfacer los postulados políticos de ETA y su entorno.

Remarcó que con el secuestro de Blanco en ningún momento se exigió a las autoridades que negociaran con los terroristas para salvar la vida del edil del PP, lo que fue una "postura firme y coherente" que costó la vida a este joven político. Por este motivo, añadió que si no se cedió ante la banda etarra "para salvar una vida, no podemos ceder al chantaje para salvar un proyecto político".

En esta línea, Alcaraz calificó "de lo más inmoral" el encuentro que el "lehendakari", Juan José Ibarretxe, tuvo ayer con el portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, porque, dijo, en la práctica fue una reunión "con ETA".

"MARCHARSE DEL PAIS"

Por su parte, Conchita Martín, viuda del teniente coronel Pedro Antonio Blanco, asesinado en 2000 tras la ruptura de la tregua etarra anunciada en 1998, manifestó que "la sociedad tiene que decidir si le compensa negociar, obtener esa parcial seguridad que les va a dar la negociación a costa del sufrimiento" de parte de sus ciudadanos.

Declaró que su familia es "un claro ejemplo de que negociar es una trampa", al tiempo que destacó que si se intenta llegar a acuerdos con ETA, a lo mejor tienen que "coger las maletas y marcharnos con nuestros hijos de este país", porque no podrán transmitir a sus descendientes "el respeto hacia unas instituciones a las que nosotros no les importamos nada".

A su vez, Jaime Larrínaga, ex párroco de Maruri (Vizcaya), que abandonó el País Vasco ante las presiones nacionalistas y el temor a un atentado de ETA, pidió a las autoridades que no negocien con la organización criminal y sean "leales" con un país "donde se ha sufrido muchísimo".