Según este proyecto, podrán acogerse a la ayuda estatal todas aquellas personas que hayan sufrido algún daño corporal a raíz de un delito violento, ya sea de carácter mortal o causante de incapacidad para el eercicio de su profesión habitual. Las familias de los afectados también tendrán derecho a esta ayuda.

Juan Antonio Corredor, portavoz de la AVT, explicó que las ayudas económicas, cuya cuantía tendrían que fijar por acuerdo todos las fuerzas parlamentarias, deberían canalizarse a través de un fondo estatal de garantías. De este modo, se cubrirían unas responsabilidades civiles a las que los terroristas no pueden hacer frente al declararse insolventes.

Los afectados podrán acceder también a la indmnización cuando el perjuicio originado consista en una perturbación grave en las condiciones de vida de la víctima o de quienes dependan económicamente de ella, a causa de una pérdida o disminución de los ingresos o un aumento de los gastos.

La Asociación Víctimas del Terrorismo pide la creación de una comisión en cada órgano provincial de justicia, que asumirá plenas competencias sobre la concesión de la indemnización.

Con la ayuda se deberán reparar los daños provocados en la salud del afectad, mediante la ayuda para gastos médicos y de hospitalización, y sufragar el desembolso funerario de la familia. Las ayudas se incrementarán en un cien por cien en caso de delitos terroristas.

INFORMACION POLICIAL

El borrador que fue presentado hoy en el Congreso también contempla que la Seguridad Social, dentro de los centros sanitarios más importantes del país, cree un sistema de atención terapéutica especializada en recuperación de las víctimas del terrorismo.

Para el caso de fallecimiento o ncapacidad laboral, la AVT propone que el Estado conceda becas a los hijos del afectado hasta la conclusión de sus estudios, que cubrirán todos los gastos de matrícula y material docente.

Otro de los puntos recogidos en la proposición plantea que la Administración central estará obligada a fomentar la creación de asociaciones de víctimas de la delincuencia, mediante la concesión de subvenciones.

En el capítulo dedicado a las garantías para la víctima en el nivel policial, la asociación exige que os agentes informen a ésta, desde el primer momento, sobre su derecho a acogerse a las indemnizaciones estatales.

De ser necesario, la policía deberá proteger eficazmente a la víctima y su familia contra las amenazas y el riesgo de venganza por parte del delincuente.