En rueda de prensa, Corredor puntualizó que, en el caso de que el Ministerio del Interior decidiera indemnizar a las víctimas del GAL, lo acatarían, "pero nos dolería que los terroristas se sivan de la democracia y la Constitución para lo que a ellos les convenga, pero que no las respeten".

Además, la AVT pretende que se realice un reconocimiento social público a las víctimas del terrorismo "desde las más altas instancias del Estado a las subdelegaciones del Gobierno", mediante la entrega ceremonial de condecoraciones.

La AVT quiere también que la finaciación de las condecoraciones que reciben las víctimas de actos terroristas no tengan que ser sufragadas por los propios afectados, coo ocurre en la actualidad, para lo cual recabó el apoyo de instituciones y particulares.

En su opinión, "es bastante lamentable que a alguien le concedan una medalla y encima tenga que colgársela y ponérsela delante del espejo".

Corredor recalcó que una de las mayores deficiencias de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo ha sido el limitar los beneficiarios de las ayudas del Estado a las víctimas afectadas en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero de 1969 y el 9 de otubre de 1999.

Sostuvo que en esta ley se fijaron plazos porque se gestó en plena tregua con ETA, y, "se creyó demasiado en aquella mal llamada tregua, pensando que no iba a haber más atentados terroristas"

Como consecuencia, la AVT solicitó que esta ley amplíe las ayudas para todas los afectados, sin importar la fecha en la que se convirtieron en víctimas del terrorismo, con el fin de que puedan percibirlas las familias de los últimos asesinados por ETA y las que pudieran producirse en el futuro