Según informó la AVT, los beneficiados son Andoni Otegi y Alicia Sáez de la Cuesta. En el caso del primero, se trata de una segunda decisión tras una revocación previa de la Audiencia Nacional, mientras que Sáez de la Cuesta ha cumplido 23,5 años de los 30 fijados.

La entidad que preside Maite Araluce indicó que el Ejecutivo vasco le informó de estas decisiones. También expresó su inquietud por el "crecimiento exponencial" de estas decisiones desde septiembre, con siete progresiones de grado concedidas en apenas dos meses por el Gobierno Vasco, ninguna de las cuales ha sido recurrida por el Ministerio Fiscal.

La AVT reclamó que tanto la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco como la Fiscalía de la Audiencia Nacional vuelvan a una "interpretación rigurosa" de la legislación penitenciaria para evitar la excarcelación anticipada de presos etarras.

"PUERTA DE ATRÁS"

La asociación también manifestó su inquietud por el ritmo de concesión de libertades condicionales por parte del juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, con cuatro otorgadas en octubre y otras en trámite.

"Las víctimas del terrorismo siempre hemos confiado en el Estado de derecho para hacer justicia a nuestros seres queridos asesinados, y aunque haya decisiones que nos cueste comprender, si son legales, las aceptamos resignadas", señaló la AVT.

Por último, la asociación dijo temer que la política penitenciaria se convierta en "la puerta de atrás del derecho penal" y vacíe de contenido las condenas fijadas en sentencia, especialmente ahora que la competencia está en manos del PSE.