La AVT fue fundada el 4 de febrero de 1981 por Ana María Vidal Abarca, su actual presidenta, Sonsoles Alvarez de Toledo e Isabel O'Shea, todas ellas viudas de agentes policiales y militares asesinados por ETA. Su idea inicial era paliar el desamparo de las víctimas del terrorismo.

Fueron unos comienzos "terriblemnte difíciles y desalentadores", según fuentes de la organización, debido tanto a la falta de medios como el rechazo que despertaba el mensaje de la AVT.

Paulino Baena, portavoz de la AVT, explicó a Servimedia que "había recelos, no se sabía exactamente cuáles eran las pretensiones de la asociación, no se sabía cuáles eran los motivos que la inspiraban realmente".

En los primeros cinco primeros años de su andadura, la AVT cumplió una función testimonial que sólo aglutinaba a un pequeño grupo de vctimas del terrorismo que se reunían anualmente para intercambiar impresiones.

Fue a partir de mediados de los 80, con el paso del tiempo y el aumento de fondos económicos, recaudados tanto por las aportaciones de particulares como por las subvenciones estatales, cuando la organización comenzó a crecer y a extenderse por todo el territorio español. Actualmente, la AVT tiene delegaciones en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Levante, Navarra y País Vsco.

MAYOR TERRITORIAL Y OPERATIVA

Esta expansión fue tanto territorial como operativa, en cuatro áreas: la asistencial, la administrativa, la jurídica, la de comunicación y la psicológica, inaugurada hace poco más de un año.

Según Baena, el principal problema con el que se ha encontrado la AVT ha sido conseguir una organización operativa capaz de aportar ayudas y soluciones a los problemas de las víctimas del terrorismo, mientras que el principal logro ha sido "la mayor sensibilización de la sciedad con el terrorismo y la solidaridad con sus víctimas".

La AVT, que cuenta con 4.000 asociados y atiende a 1.100 familias damnificadas, se sostiene actualmente con un presupuesto de 176 millones de pesetas al año.

De esa cantidad, seis millones proceden del Ministerio de Defensa, 10 de un programa de becas para estudios de Caja de Madrid y 40 concedidos por el Ministerio de Asuntos Sociales a cargo de la cuota del IRPF para fines de interés social.

Los 120 millones restantes salen de lo beneficios que generan las inversiones a las que destinaron los 400 millones de pesetas que se recaudaron en una suscripción pública promovida en su día por el diario `Abc'.