El director gerente de la AVT, Juan Antonio Corredor, compareció en rueda de prensa para pedir celeridad a los grupos políticos en la aprobación de esta proposición de ley y para reclamar que, "en vez de ser una ley de solidaridad, sea una ley justa".

Corredor explicó que la reparación a las víctimas no será nunca completa si el Ejecutivo mantiene su intención de establecer un baremo económico, en vez de establecer unas indemnizaciones idéntica para todas las víctimas, dependiendo sólo del grado de invalidez y, sobre todo, iguales para todas aquellas familias que han sufrido el asesinato de uno de sus miembros.

Para la AVT, "esta proposición resulta claramente discriminatoria, ya que, mientras unas víctimas percibirán hasta 50 millones de pesetas, fijados en las sentencias de los últimos años, la mayoría habrá de conformarse con los 21 millones del baremo", señaló.

PRINCIPIO IGUALITARIO

En su opinión, si el Gobierno ha optado por resetar las indemnizaciones fijadas en sentencia, se deberían tomar las más altas para cada uno de los supuestos, y que fueran esas las cantidades que la proposición fijara "respetando así el principio de igualdad que persigue la AVT".

"Sucede que quienes no han visto satisfecho su derecho a tener un juicio", según Corredor, "son perjudicados por tener que acogerse al baremo". Por ello, solicitó al Gobierno que "corrija esta situación discriminatoria, porque la AVT quiere una ley justa".

Para la AVT la reparación de las víctimas no es sólo económica, sino también social, por lo que cree que el reconocimiento del sufrimiento padecido sería compensando si se creara una condecoración para las víctimas y un día de la víctima.

Corredor criticó la iniciativa parlamentaria por no recoger a los afectados del incendio del Hotel Corona de Aragón de Zaragoza, del que el próximo 12 de julio se cumplirá su vigésimo aniversario. "Pensamos que ha llegado sobradamente el momento de hacer justicia con estas víctmas", dijo.

Por último, el director gerente de la AVT expresó su indignación con las medidas adoptadas por el Gobierno que "anima" a 304 miembros de ETA a volver a España por no seguirse contra ellos causas en la Audiencia Nacional o causas prescritas. "Se trata de un guiño a ETA que hiere la sensibilidad de las víctimas", señaló.

CENTRO DE ESTUDIOS VICTIMOLOGICOS

La AVT ha creado un Centro de Estudios Victimológicos, fruto del trabajo de un equipo de la asociación durante 5 años, en el que se a creado un banco de datos que recoge todas las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional en relación a actos terroristas.

Según explicó el abogado de la asociación Pedro Cerracín, la Audiencia Nacional ha dictado un total de 2.236 sentencias condenatorias. El número de activistas sentenciados es de 2.872 que adeudaron más de 16.000 millones de pesetas en indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil a sus víctimas.

Las cantidades que los terroristas deberían pagar a sus víctimas osciln entre las 10.000 pesetas y los 80 millones, según Cerracín.