La Dirección General de Aviación Civil abrió las actuaciones previas de acuerdo al procedimiento administrativo pertinente, acordando el 27 de febrero que no existe indicio alguno de infracción por parte de la compañía Iberia que justifiquen la iniciación de un procedimiento sancionador, según concluye el informe final emitido por el funcionario responsable el día 22 de febrero de 2006.

Según el Sepla, el comandante de aquel vuelo fue despedido por solicitar una solución a una avería en un detector de fuego de motor, arrastrada durante casi dos meses.