La iniciativa, que contó con el apoyo de nacionalistas catalanes y vascos, reclamaba que en el plazo de dos meses se presentara un informe detallado de cada uno de los aspectos que han motivado la "insostenible situación" en la que se encuentra laejecución de esta línea de alta velocidad.

La auditoría habría de examinar los procesos de licitación y adjudicación de las obras, señalización, comunicación, sistemas de alimentación eléctrica, estabilidad de la plataforma, accidentes laborales y situación de las plantillas de trabajadores afectadas.

La moción, defendida por el senador socialista Francisco Arnau, pedía también que el Gobierno informara a la Comisión de Infraestructuras del Senado de las medidas a adoptar para corregir las deficincias halladas, el coste económico de las mismas y el calendario de correcciones, así como las previsiones y fechas de la puesta en servicio de la línea AVE, tanto en su tramo a Lleida como en los que han de llegar a Barcelona y a la frontera con Francia.