El Gobierno realizó esta consideración en respuesta a una pregunta escrita, a la que tuvo acceso Servimedia y que fue realiada por el diputado de la Xunta Aragonesista, José Antonio Labordeta, en la que instó al Ejecutivo a explicar las actuaciones a desarrollar tras el informe del Tribunal de Cuentas, sobre la gestión del GIF entre 1999 y 2000.

Así, el Gobierno sostiene que la totalidad de los contratos que realiza el GIF "se ajustan plenamente" al ordenamiento jurídico aplicable a tales contratos, si bien reconoce que ha modificado el procedimiento y los criterios de adjudicación tras el documento elaborado por el Tribual.

Además, el Ejecutivo defiende el mantenimiento del concurso público en procedimiento abierto, a la hora de conceder las obras, lo que supone que la valoración de las distintas ofertas se realice con aspectos objetivables como el precio, además de otros factores subjetivos como la calidad técnica.

"El GIF sigue sosteniendo que el procedimiento y la forma de adjudicación más adecuada para la consecución de los objetivos encomendados es el concurso público en procedimiento abierto y no la subast, por tanto, siempre ante un concurso habrán de ponderarse elementos absolutamente objetivos como el precio y otros de índole técnica", indica la respuesta al diputado Labordeta.