Según informó UGT, "la voluntad de acuerdo ha permitido cerrar el número máximo de despidos en 674 personas de una plantilla de 1.886 en toda España". El número de afectaciones supone un 21% menos frente a las 849 inicialmente planteadas, y se contempla la adhesión voluntaria de los trabajadores al proceso.

El acuerdo se ha cerrado con unas condiciones compensatorias de 33 días por año trabajado (y 35 para las personas que se adhieran voluntariamente), con un máximo de 24 mensualidades. Adicionalmente, las salidas voluntarias se incentivarán con una prima única de 1.200 euros.

El sindicato hizo hincapié en "un conjunto de garantías cuyo objetivo es mostrar una especial sensibilidad con aquellos colectivos que por su especial condición puedan estar en una situación de vulnerabilidad al acudir al mercado de trabajo".

Se trata, concretó, de la no afectación a los dos miembros de una pareja (matrimonio o pareja de hecho comunicada a la empresa), a personas con familiares a cargo con una discapacidad reconocida de un 65% o más; a mujeres embarazadas comunicadas antes del 13 de mayo, a personas con permiso por maternidad/paternidad y lactancia generados antes del 13 de mayo, a personas con reducción de jornada o adaptación por guarda legal en un porcentaje igual al de salidas, a víctimas de violencia de género acreditable antes del ERE, a mayores de 50 años, y a personas con descendientes naturales o acogidos a su cargo con enfermedades recogidas en el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio “cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave”.

Además, se garantiza un futuro sin ERE si no hay acuerdo con los sindicatos, por causas organizativas, técnicas y productividad hasta el 31 diciembre de 2025.

"Si bien consideramos que hemos obtenido las mejores condiciones para una plantilla que ha dado sobradas muestras de flexibilidad, profesionalidad, compromiso y trabajo, no podemos dejar de denunciar la situación a la que las operadoras de este país se han visto abocadas por la inoperancia de las diferentes administraciones que han tenido responsabilidades en la regulación de las telecomunicaciones", denunció el sindicato, "una situación que se ha repetido en los sucesivos gobiernos a pesar de que una competencia basada única y exclusivamente en los precios ha conllevado una destrucción de empleo sin parangón en Telefonica, Orange, Vodafone y ahora Avatel".