El texto, aprobado con 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones, reclama una indemnización adecuada para las "víctimas" de los "abusos urbanísticos" y propone "suspender y revisar" todos los nuevos planes que no garanticen el respeto por la propiedad.

Además, sugiere interrumpir la provisión de fondos estructurales y de cohesión a España hasta que no se solucione el problema, y critica la "lentitud" del sistema judicial español.

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