Esta sentencia responde a una denuncia de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) por la interrupción del suministro eléctrico en la ciudad de Barcelona que afectó a más de 300.000 usuarios. Con la demanda, la OCU pretendía "que se estableciera la responsabilidad de los hechos y el resarcimiento de los afectados por los graves perjuicios padecidos a consecuencia del apagón".

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