Así lo indicó en su primera rueda de prensa en el Ministerio y flanqueda por los secetarios de Estado de Economía, David Vegara, y de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña.

La primera medida supone un mecanismo que permite a los ayuntamientos solicitar créditos a un plazo maximo de amortización de seis años para afrontar sus pagos a las empresas.

Los ayuntamientos deberán pagar sus facturas en el plazo máximo de un mes y deberan certificar el pago ante el Ministerio de Economía y Hacienda.

Mientras, la segunda es la línea del ICO para avalar por un importe máximo de 3.000 millones de euros a las empresas y autónomos con deudas pendientes de pago.

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