El decreto elimina la restricción a los operadores de tener más de un 5% de la propiedad de varias cadenas, pero lo condiciona a que la audiencia media acumulada no sobrepase el 27%.

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, dijo que el decreto se justifica "por la necesidad de avanzar en la liberalización del sector televisivo y garantizar la solidez financiera de los operadores", en un momento en que "el mercado publicitario está experimentando un importante ajuste".

Garantizó que una posible concentración del mercado audiovisual se hará sin menoscabo del pluralismo audiovisual, y para ello están los condicionantes que plantea la norma, como el tope de audiencia acumulada permitido o la salvaguarda de que, al menos, tendrán que existir tres operadores de ámbito estatal.

Asegurar a toda la población la recepción de la TDT con la vista puesta en el "apagón analógico" de abril de 2010 es otro de los motivos que Sebastián adujo como razón para impulsar esta norma con carácter de urgencia.

El decreto establece además un límite para las participaciones en operadores españoles de empresas y particulares que no sean miembros del espacio económico europeo. Estos inversores estarán sujetos al principio de reciprocidad, aunque no se aplicará con carácter retroactivo.

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