El magistrado cubre así la responsabilidad civil que fijó en su día para los responsables de estas empresas, que están siendo investigados por la supuesta desaparación de 15.000 millones de pesetas pertenecientes a pequeños inversores aragoneses.

El escrito señala que, una vez finalizado el plazo que s concedió a los responsables de estas empresas para hacer efectivas las responsabilidades civiles, y, a la vista de que no han sido pagadas, es oportuno proceder a incautar sus pertenencias.

Por ello, decreta el embargo contra los bienes de los máximos responsables de Transáfrica S.A. Rafael Salama Benoliel, Salomón Benatar y Juan Enrique Castañeda. Dado que personalmente no han hecho efectivo el pago, sus empresas serán embargadas hasta cubrir la totalidad de los 22.000 millones fijados por el juez. García Castellón decreta la incautación del activo accionarial de Transáfrica S.A. y de sus participaciones en las empresas Pescafina S.A., Empresa Mercantil Exportadora S.A., Profesionales de la Distribución S.A., Frigoríficos Industriales Alaveses, Pescagel S.A. y Pez Austral S.A., en las que la sociedad embargada es accionista mayoritaria.

Además, el juez decreta también el embargo de 800 millones de pesetas del máximo responsable de AVA, Enrique Coronado.

AUDITORIA

Respecto a la fianza mpuesta también a la auditora KPMG Peat Marwick, cuyos máximos responsables están imputados en esta causa, el juez no embargará sus bienes hasta conocer el resultado de una auditoria sobre la propia auditora, encargada al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

Con los embargos se trata de cubrir los más de 15.000 millones de pesetas que desaparecieron de las arcas de AVA y que pertenecían a pequeños y medianos inversores.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidi intervenir estas empresas al darse cuenta de que no podían afrontar los compromisos aceptados con los clientes y habían infringido las normas de garantías de liquidez.