La Constitución precisa que el Estado tiene competencia exclusiva para autorizar la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. Igualmente, las Carta Magna establece la posibilidad de que las decisiones políticas de especial trascendencia puedan ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.

La Ley de Régimen Local de 1985, por su parte, señala que los alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno de la corporación y autorización del Gobierno de la nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos.

El Gobierno, tras examinar la solicitud del alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, ha considerado que en el presente caso concurren todos los requisitos exigidos para autorizar el referéndum.