Según UPTA, este proyecto mantiene la obligación de que los familiares que trabajan junto a un autónomo se conviertan también en autónomos si quieren integrarse en la Seguridad Social, rechazando la opción de que puedan ser contratados a través del Régimen General por su familiar.

UPTA considera que esta "discriminación" proviene del deseo de excluir a este colectivo de las prestaciones propias del Régimen General y de los beneficios por desempleo, por o que propone una modificación del proyecto que ofrezca la posibilidad de integrarse en la Seguridad Social.

De esta manera, las más de 300.000 personas, sobre todo en el ámbito rural y del colectivo de mujeres, que se encuentran en esta situación podrían beneficiarse de tener un contrato y, por tanto, mayores derechos.