El Gobierno ratificó los criterios de distribución de las transferencias, que fueron debatidos y aprobados en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, celebrada el pasado 5 de febrero, bajo la presidencia de la titular del gabinete, Matilde Fernández, y en la que participaron todos ls consejeros de Bienestar Social de las comunidades autónomas.

Las prestaciones van dirigidas prioritariamente a programas para la infancia, tercera edad, pueblo gitano, personas en estado de necesidad y centros de servicios sociales en general.

De los proyectos acordados en la conferencia y aprobados hoy por el Consejo de Ministros, destaca el Plan Concertado de Prestaciones Básicas, para el que el ministerio destina un crédito de 8.200 millones de pesetas, a distribuir entre 15 comunidades autóomas.

Los criterios de reparto se basan en la población potencial beneficiaria en cada comunidad, de acuerdo con el censo de 1986, y los mapas de servicios sociales de cada autonomía, además del índice de insularidad, que es de un 0,3 por ciento.

De esta forma, Andalucía recibirá 1.554 millones de pesetas, Cataluña 1.362, Madrid 1.074, Valencia 853, Galicia 650, Castilla y León 591, Castilla-La Mancha 384, Canarias 154, Extremadura 271, Aragón 269, Asturias 254, Murcia 232, Baleares 162, Cantabri 126 y La Rioja 59.

Otros 2.500 millones de pesetas son destinados al Programa de Residencias del Plan Gerontológico, siendo Cataluña, con 408 millones, y Andalucía, con 400, las comunidades más beneficiadas, seguidas de Madrid (271), Valencia (247), Galicia (243), Castilla y León (223), Castilla-La Mancha (149), Aragón (109), Extremadura (92), Asturias (91), Canarias (90), Murcia (63), Baleares (52), Cantabria (38) y La Rioja (20).

El Gobierno aprobó además un crédito de 525 millones de pesetas ara proyectos encaminados a atender a la población gitana de cada comunidad, según el índice estimado de residentes.

El Ejecutivo distribuirá otros 230 millones entre corporaciones locales e instituciones sin ánimo de lucro para planes asistenciales a los grupos menos favorecidos de la población, de acuerdo con los criterios y prioridades marcados por la Comunidad Europea.

Asimismo, repartirá 500 millones para la creación o mejora de servicios destinados a primera infancia (0-3 años) y 100 millons para programas experimentales de prevención y atención a infancia maltratada.