Se trata de una "Guía orientativa para la inspección y control de producciones y plantaciones ilegales" y un "Protocolo para la realización de inspecciones de control".

El control del cumplimiento de la prohibición de nuevas plantaciones se realizará mediante la base gráfica del Registro Vitícola y se actualizará con una periodicidad no superior a los cinco años.

Para llevarlo a cabo, Agricultura ha financiado la actualización de las bases gráficas de 30 provincias españolas, que representan el 82% de la superficie del viñedo español con un presupuesto de 11,3 millones, mientras que los trabajos de las restantes provincias los están llevando a cabo las propias comunidades autónomas.

El Reglamento de la Organización Común del Mercado (OCM) Vitivinícola recoge que las producciones de las parcelas ilegales no pueden destinarse a la comercialización y que los productos elaborados con uva procedente de estas parcelas "sólo pueden ponerse en circulación con destino a las destilerías", existiendo, además, la obligación de arrancar todas las plantaciones ilegales realizadas con posterioridad al 1 de septiembre de 1998.