A 30 de junio, las autonomías contaban con 904.041 empleados, frente a los 753.783 de la Administración Pública Estatal, 455.357 de la administración local y 94.951 de las universidades. En total, hay 2.208.132 empleados públicos, de acuerdo con el citado boletín, que elabora el Ministerio de Administraciones Públicas.

El detonante para que el número de los trabajadores de las comunidadessuperara a los del Estado ha sido el traspaso de las competencias de educación a varias autonomías, según confirmaron a esta agencia fuentes ministeriales.

De hecho, a finales del año pasado eran 828.786 los funcionarios de la Administración Central y 690.370 los dependientes de las comunidades autónomas, lo que significa que el "sorpasso" autonómico se ha producido en el primer semestre de 2000.

El proceso de construcción del Estado autonómico se inició en los primeros años ochenta, con la aprobción de los Estatutos del País Vasco y Cataluña inmediatamente después de la aprobación de la Constitución de 1978.

En consecuencia, han bastado veinte años para que el desarrollo de las competencias previstas en los estatutos de las diecisiete autonomías hayan terminado por desequilibrar en su favor una balanza que el centralismo histórico inclinó siempre al lado del Estado.

Actualmente, 753.783 funcionarios dependen del Estado central y se reparten entre los 434.038 de la Administración Generaldel Estado, 120.923 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 115.825 de las Fuerzas Armadas, 25.110 de la Administración de Justicia y 57.887 de las empresas públicas y organismos públicos con régimen específico.

Estas cifras evidencia también que a la caída del número de empleados del Estado ha contribuido también de manera significativa la privatización de empresas públicas y la consiguiente desfuncionarización de su personal.

IRAN A MAS

De cara al futuro, es previsible que la diferencia entre l personal autonómico y el estatal aumente todavía más en favor de las comunidades autónomas, ya que, estatutariamente, todavía hay algunas que pueden asumir las competencias de sanidad, que tienen un gran arrastre de personal.

Por otra parte, los datos del Ministerio de Administraciones Públicas evidencian que durante el mandato del PP, y pese a la crítica nacionalista que apunta a una vuelta a prácticas centralistas, el personal de la Administración del Estado pasó de 921.150 empleados a mediados de 96 a 753.783 a mediados de 2000. En ese mismo periodo, las comunidades autónomas engrosaron sus filas de funcionarios y empleados públicos, desde 620.474 a 904.041, es decir, que creció en casi un 50%.

La comunidad con más personal es, en cifras absolutas, Andalucía, que tiene 198.816 empleados, seguida de Cataluña, con 123.663; la Comunidad Valenciana, con 99.327; la Comunidad de Madrid, con 80.210; Galicia, con 73.815; País Vasco, con 55.260, y Canarias, 55.128.

El desarrollo del Estado autonóico y el consiguiente aumento de su personal también ha redundado en un incremento de los presupuestos de las autonomías, que para el año 2001 ascenderán a 14,38 billones de pesetas, un 10% más que este año. Eso significa que las autonomías gestionarán el año que viene alrededor de un 14% de la riqueza nacional.