A su juicio, actualmente hay un desequilibrio en cuanto a la tributación en España, ya que sólo el stado y los ayuntamientos tienen facultades fiscales, mientras que las comunidades se ven limitadas a las transferencias estatales.

Además, la transferencia de la Educación y Sanidad a las autonomías que todavía no han asumido estas competencias obligará a las comunidades a una mayor participación fiscal, porque tendrán que gestionar a 200.000 funcionarios ahora dependientes del Estado y un gasto superior a los 3 billones de pesetas.

El actual reparto del gasto público (65 por cien a cargo del Esado, 23 por cien de las comunidades autónomas y el resto de los ayuntamientos) cambiará radicalmente, acercándose más al modelo 50-25-25 que piden las corporaciones locales, según Peña.

Estas medidas podrían discutirse a lo largo de 1996 para ser adoptadas el 1 de enero de 1997, fecha prevista para que entre en vigor el nuevo modelo de financiación territorial.

Peña indicó que otro aspecto que deberá revisarse es la asignación de las políticas de gastos de cada una de las administraciones, ya que a su juicio, en la actualidad hay demasiados solapamientos que perjudican a la distribución eficiente del dinero.

GASTO REGIONAL

Por otro lado, en 1993 el conjunto de las administaciones públicas aportaron 2,27 billones de pesetas al desarrollo de las regiones para eliminar las diferencias entre éstas.

Por comunidades, el País Vasco y Navarra fueron las que tuvieron una mayor capacidad de gasto por habitante, en concreto 519.698 pesetas y 511.142 pesetas, respectivamente, frente a las 318.591 e Cataluña, situada en tercer lugar.

Esta diferencia, según el secretario de Estado, se debe al régimen foral del País Vasco y Navarro, si bien explicó que esto no significa que los ciudadanos de esas regiones salgan más beneficiados, sino que los gobiernos regionales tienen más libertad para destinar sus fondos a los fines que decidan.