En un comunicado, la AEA precisa que el problema radica no en el número de puntos asignados o en los que se pueden perder por la comisión de determinadas infracciones, sino en el hecho de considerar la pérdida de puntos no como una sanción sino como una pérdida de los requisitos necesarios para conducir.

Esta "sutil" diferencia en el planteamiento jurídico de la medida supone para la AEA una "notable merma" en las garantías jurídicas de los ciudadanos, que no van a poder recurrir en ningún caso la pérdida de sus puntos.

Además, provocará un retraso de al menos 10 años en la aplicación del sistema, ya que ese es el periodo de tiempo necesario para adaptar todos los permisos de conducir expedidos en España al nuevo requisito que se va a exigir de no perder los 12 puntos inicialmente asignado.

A los conductores europeos que trasladen su residencia a España no se les podrá aplicar el carné con puntos puesto que la legislación comunitaria prohíbe el establecimiento de medidas restrictivas nacionales a los titulares de permisos de conducir expedidos por otros países de la UE respecto de las condiciones en que les fueron otorgados en su país de origen.

La AEA pide a los grupos parlamentarios que introduzcan en el proyecto de ley la posibilidad de compatibilizar el pago de las multas con descuento con el derecho a formular recurso; la limitación de responsabilidad de los propietarios de vehículos al estricto pago de la sanción económica.

La organización también solicita el mantenimiento en dos años, en lugar de los tres propuestos, del plazo en que deben ser cancelados los antecedentes desfavorables de los conductores; y la inclusión en el baremo de infracciones que pueden dar lugar a la pérdida de puntos la referencia del artículo que se considera infringido.