En un comunicado, AEA advierte de que el acuerdo entre la Federación de Municipios y el Gobierno, sin posibilidad de fiscalizar la actuación administrativa municipal en materia de notificaciones, podría dejar a los ciudadanos en una evidente situación de indefensión al permitirse ejecutar embargos de "dudosa legalidad".

Tal es el caso de las multas de tráfico que hubieran sido noificadas en periodo voluntario a través de los boletines oficiales sin haber agotado todos los medios de notificación personal, tal y como se está utilizado masivamente por la mayoría de los ayuntamientos españoles, según Automovilistas Europeos.