Según consta en la orden ministerial, "se autoriza un aumento medio del 0,92% de la tarifa de los servicios públicos regulares permanentes", si bien, en función de determinados costes de las concesionarias, se podrán ampliar las tarifas hasta un máximo del 1,4%.

Además, las concesionarias de transportes públicos n podrán exigir a sus usuarios cantidades independientes del precio fijado en concepto de repercusión de costes de instalación de mejoras en los autocares, tales como aire acondicionado o similares.

Esta decisión del Ministerio de Fomento ha sido duramente criticada por la patronal Fenebús (que agrupa estas concesionarias) y que había solicitado una subida del 5,28%.

El presidente de Fenebús, José Luis Pertierra, aseguró a Servimedia que el Ministerio de Fomento se ha "plegado" a las exigencias de Ministerio de Economía con una decisión que es una "servidumbre" a la política macroeconómica del ministro Rodrigo Rato.

Este real decreto afecta a unas 3.000 concesiones de autobuses de línea, si bien más de 2.800 son ya gestionadas por las comunidades autónomas.

De hecho, Fenebús confía en que algunos gobiernos regionales sean "más realistas" que el Ejecutivo central y tengan en cuenta la subida del precio de los combustibles, para elevar algo más las tarifas de los autobuses de línea.

Dao que las líneas de larga distancia son las que dependen directamente del Ejecutivo central, está asegurado que su coste para los viajeros no se incrementará más allá del 1,4%, mientras que puede haber subidas superiores en desplazamientos más cortos, cuyas concesiones dependen de las autonomías.