Con este escrito, presentado por Daniel Basterra, letrado de los Servicios Jurídicos de Ausbanc, la asociación lleva a la práctica la acción que ha venido promoviendo desde que comenzara la crisis el pasado 9 de mayo, que pasa por solicitar y exigir la responsabilidad patrimonial del Estado por omisión y "actitud negligente" de la Administración en la "crisis filatélica".

Los argumentos en los que Ausbanc se apoya para exigir la responsabilidad patrimonial del Estado se basan en el cambio de criterio por parte de la Agencia Tributaria, pasando a considerar la actividad de dichas entidades como financiera, y la falta de regulación en el marco normativo del sector de inversión en bienes tangibles por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

Esta reclamación no es un proceso cerrado, puesto que los damnificados se podrán sumar a la causa abierta durante un plazo de un año, a contar desde el 9 de mayo, según informó Ausbanc en un comunicado.

La asociación se encargará del asesoramiento, organización y defensa de los derechos e intereses de los cerca de 3.000 afectados a los que ya representa, siendo cada damnificado quien deba presentar, individual o colectivamente, su reclamación patrimonial.