En una rueda de prensa, Garay denunció que "el marco regulatorio no puede cambiar por el capricho de un funcionario que ha acabado con dos empresas que funcionaban legalmente y ha destruido el patrimonio de 400.000 afectados".

Por ello, Ausbanc quiso refrendar públicamente, una vez más, su posición desde que comenzó la "crisis filatélica", el pasado 9 de mayo de 2006, postura que pasa por exigir la Responsabilidad Patrimonial del Estado por omisión de la Administración en la supuesta estafa filatélica y brindar asesoramiento y defensa de los derechos e intereses de los damnificados.

Según Garay, "Ausbanc pretende que sus asociados recuperen la totalidad de sus inversiones en ambas sociedades y eso sólo se podrá conseguir si el Estado responde por su responsabilidad patrimonial subsidiaria".

En esta línea, Ausbanc ha enviado una carta a todos sus asociados en la cual se proporciona información y asesoramiento sobre el caso (guía de actuaciones para su Defensa, acciones concretas que pueden adoptar, etc.) y enviará comunicaciones periódicas a sus asociados indicando todas y cada una de las novedades y acontecimientos que se produzcan en los distintos procedimientos abiertos.

En dicha misiva, denuncia que los mecanismos habilitados por la Administración para prestar soporte a los cientos de miles de damnificados parecen, a todas luces, insuficientes, precarios y descoordinados.

A la puesta en marcha de una única ventanilla, que tan sólo atenderá las reclamaciones penales, y que podría complementarse con la apertura de una segunda oficina destinada a realizar compulsas gratuitas (restando agilidad al proceso), se han de sumar las carencias técnicas (no existe un soporte digital, etc), circunstancias que no hacen sino agravar la situación y causar incomodidad entre los afectados, concluye Ausbanc.