Ausbanc Consumo va a presentar una demanda contra el Estado por responsabilidad patrimonial en este caso, al no haber regulado legalmente las sociedades de bienes tangibles desde que en 2003 fueron excluidas de la regulación de las sociedades de inversión financiera.

Según afirmó hoy en rueda de prensa la directora de los servicios jurídicos de Ausbanc Consumo, María Mateos, esta organización "fue la primera en exigir responsabilidades al Gobierno, solicitando la dimisión o cese de Fernando Puig de la Bellacasa, subsecretario de Estado de Sanidad y Consumo, y de Ángeles Heras, directora del Instituto Nacional de Consumo (INC), por considerarlos responsables directos de esta "inactividad reglamentaria" (faltaron a su compromiso de desarrollo normativo de la Ley 35/2003 y del Real Decreto 1309/2005)".

Ausbanc Consumo tachó al CCU y a "asociaciones como OCU y Adicae" de ser "cómplices por negligencia culpable en esta crisis", al tiempo que ha recurrido legalmente el "paupérrimo fondo de ayuda destinado a patrocinar las acciones de las organizaciones que forman parte del CCU, en un intento por corromper a dichas asociaciones, que se convierten, de este modo, en abogados del Estado y dejan desamparados a los afectados".

Ausbanc Consumo criticó "el comportamiento desleal y el cambio de postura ideológica, en función de unos determinados intereses, demostrado por otras organizaciones, desconfiando de una posible actuación conjunta con las mismas".