Para los expertos de la FIES, la medida del Gobierno para elevar los ingresos previstos por el Estado cuenta con el respaldo de varias sentencias del Tribunal Constitucional, al menos en los supuestos de seguridad jurídica y capacidad económica esgrimidos por partidos políticos y organizaciones empresariales para poner en duda su legitimidad.

El grupo de expertos dirigidos por Fuentes Quintana señala que "las leyes han de cambiar para adecuarse a las circunstancias de los tiemps y muchas veces, con carácter coyuntural, para regular situaciones transitorias".

Con este argumento, la FIES advierte que el principio de seguridad jurídica que debe imperar en el legislador no debe conducir a "situaciones congeladoras del ordenamiento jurídico" y señala que, según las sentencias del Alto Tribunal, la situación actual del déficit público justifica las medidas adoptadas por el Gobierno.

La fundación de las cajas tampoco encuentra argumentos que permitan tachar de inconstituciona el decreto del Ejecutivo en la "capacidad económica", es decir, el margen de ingresos que le queda por ley a los contribuyentes después de aprobarse una norma tributaria.

El informe confidencial indica que lo inconstitucional sería aplicar la retroactividad del impuesto a los contribuyentes en función del patrimonio que tenían hace diez años, pero advierte que la medida urgente de Hacienda afecta a las rentas del trabajo de 1992, con una renta que se aprueba, modificando la anterior, en un mismo año. Este comportamiento de la administración tributaria, según la FIES, no puede ser calificado de inconstitucional, ya que la retroactividad del impuesto que aplica el Gobierno no desatiende la capacidad económica actual de los contribuyentes afectados por la medida.

La revisión de las tarifas y las tablas de retención del IRPF aportará al Estado, según Hacienda, unos ingresos adicionales de unos 130.000 millones de pesetas sobre los que tenía previsto, y su objetivo es reducir el déficit público a os parámetros que contempla el Plan de Convergencia, un 2,6 por cien del PIB.

La opinión de la Fundación FIES choca con las expuestas por algunas formaciones políticas, como el Partido Popular e Izquierda Unida, que han anunciado iniciativas para hacer que el Tribunal Constitucional de pronuncie sobre esta cuestión, y la organización patronal CEOE.

El colectivo de expertos advierte también de la necesidad de que esta revisión del impuesto sirva para corregir desequilibrios, y no para "alimentar" ún más la "vitalidad desbordante del gasto público", ya que la situación que ha provocado la medida, afirman, también tiene unos costes para la economía real y una pérdida de credibilidad en el ejercicio presupuestario.