El informe indica que en la encuesta han participado un total de 415 empresas de diversos tamaños y sectores de actividad. Entre las empresas participantes hay predominio del sector servicios y mayoría de pequeñas y medianas.

Así, la valoración general del impacto sobre la economía española de las últimas medidas de política económica adoptadas es negativa, especialmente en el caso de las relacionadas con el aumento de la presión fiscal y la no deflactación de las bases imponibles del IRPF (93,6% frente al 72,5% en la encuesta de 2023), y los desequilibrios en las cuentas públicas (87,9). La prórroga en 2024 de los Presupuestos de 2023 preocupa al 77,3%, mientras que la participación estatal en empresas privadas inquieta al 70,6%.

El 65,9% y el 54,7% muestran preocupación por el incremento de las cotizaciones sociales y la lenta bajada de los tipos de interés, respectivamente. El presidente del comité que ha coordinado la elaboración de la encuesta en el Círculo de Empresarios, Miguel Iraburu, opinó que “no es bueno” estar “dos años” con prórrogas presupuestarias.

“El escenario de 2025 es bien diferente a 2023”, dijo, por lo que “vamos a tener dificultades si no tenemos Presupuestos en 2025”.

BAJA PRODUCTIVIDAD

Entre las principales amenazas para la economía, el 65% de los encuestados resaltan la baja productividad, "que se sitúa entre un 10% y un 15% por debajo de la media europea desde 2008", y la elevada incertidumbre geopolítica global y posible escalada de los conflictos bélicos. Además, en torno al 40% destacan la reducida inversión, principalmente en el sector privado, y el débil crecimiento de las principales economías europeas.

El impacto de reactivación de las reglas fiscales europeas supone una amenaza para el 19,6% de los empresarios encuestados, mientras que el 17,7% señala el ritmo de ejecución de los proyectos asociados a los Next Generation EU.

Asimismo, se mantiene la percepción generalizada de deterioro de los factores clave de competitividad del entorno de negocios español. Las empresas encuestadas consideran que los tres elementos de competitividad que más se han deteriorado en el último año son la intervención del Gobierno en las actividades empresariales, la transparencia en las decisiones gubernamentales y la seguridad jurídica. Como en ediciones anteriores, se mantiene una preocupación elevada por el deterioro de la calidad institucional.

Entre los acontecimientos relevantes en el contexto internacional y su impacto sobre el entorno de negocios, la mayor preocupación para las empresas es la intensificación e incremento de la frecuencia de los conflictos globales (87,9%). Para el 83,5% también es importante el necesario refuerzo de la autonomía estratégica y la seguridad económica de la Unión Europea, y un 79,9% muestran inquietud ante la desinformación y su impacto en la confianza de las instituciones. Al contrario, cerca de un 40% consideran positivo el impacto del avance de la inteligencia artificial.

OBSTÁCULOS A LA ACTIVIDAD

Entre los principales obstáculos que identifican en su actividad, más del 60% de las empresas destaca los costes laborales, y más del 50% las dificultades de acceso a talento cualificado. Existe además una preocupación generalizada por la elevada fiscalidad, la incertidumbre sobre la política española y la carga burocrática, con más de 40% de porcentaje de voto.

Los encuestados muestran asimismo inquietud por la mayor presencia del Gobierno en la actividad empresarial, las limitaciones derivadas del reducido tamaño medio de las empresas españolas, la baja productividad, el absentismo laboral, las dificultades en el acceso a la financiación, la falta de innovación, los problemas de gestión en las administraciones públicas y la rigidez y regulación del mercado de trabajo.

En general, los empresarios perciben una buena dinámica en su sector. La valoración es buena o muy buena para el 38,5% de los encuestados en 2024 y para el 36,3% en 2025, por encima de aquellos que son más pesimistas, poco más de un tercio. En línea con los resultados de 2023, cerca de la mitad de las empresas prevé que su facturación se incrementará en los próximos doce meses.

Ello contrasta con el 18,5% que espera una mejora de márgenes (37,3% estima una caída). En torno al 30% esperan incrementos en sus exportaciones, inversión productiva y plantilla. En cuanto a las expectativas o planificación de la evolución de la inversión empresarial en el próximo ejercicio, destacan las empresas que incrementarán su inversión en digitalización (60,3%), así como en Inteligencia Artificial (59,6%) y ciberseguridad (53,9%).

Por su parte, el estudio refleja que cerca de la mitad destinarán más fondos a la innovación y el 44,3% a políticas de I+D. Por su parte, la inversión en ESG se mantendrá constante en casi el 60% de las empresas consultadas y aumentará en el 31,6%. La mayoría de las empresas no esperan grandes cambios en su inversión en el extranjero. Un 17% prevé un menor flujo de este tipo de inversión, mientras que cerca de un 24% espera incrementarlo.

FONDOS EUROPEOS

En cuanto a los fondos europeos, el 78% de las empresas considera que el Gobierno no está realizando una gestión adecuada de los mismos. En este contexto, poco más del 40% de las empresas consultadas consideran que su impacto futuro será positivo en el sector en el que operan.

Por otro lado, menos de la mitad de las empresas (46,3%) había solicitado o pensaba solicitar estos recursos en el momento de la realización de la encuesta. El 49,2% que no lo ha hecho aduce para ello la complejidad de los trámites administrativos requeridos y el 44,5% la no inclusión en las políticas palanca del sector en el que la empresa desarrolla su actividad.

Entre las empresas que sí los han solicitado, un 15,7% asegura haber tenido una experiencia favorable, frente a más del 50% que la valora negativamente. En caso de obtener los fondos, las empresas los dedicarían especialmente a mejorar sus niveles de digitalización (63,9%) y de I+D+i (59,5%). Asimismo, invertirían en maquinaria y equipos nuevos (38,3%) y en la formación de los trabajadores (37,9%).