En rueda de prensa, Perpinyà sostuvo que "no tenemos conciencia de haber hecho nada ilegal" y recordó que, el día de la convocatoria, "no estaba prohibido manifestarse de uniforme; eso ha sido a posteriori".

A su juicio, las sanciones son "muy duras". En concreto, él ha sido expedientado con un año de suspensión de empleo y sueldo; Juan Antonio Delgado con seis meses y los otros 19 guardias civiles con tres meses.

Para compensar las pérdidas económicas que implica la sanción, los expedientados aprovecharán los fondos depositados por guardias civiles, policías, asociaciones y sindicatos en una cuenta bancaria; una "caja de resistencia" a la que una "marea de solidaridad", en palabras de Perpinyà, ha aportado un total de 233.341,91 euros.

Insistió, además, en que la lucha por los derechos civiles y laborales de los guardias civiles "está más viva que nunca" y en que "las sanciones no erosionan nuestra determinación de pedir los mismos derechos de los que gozan los policías".

La AUGC reclama, por ello, "un cambio de actitud en relación con el movimiento asociacionista-profesional de la Guardia Civil, dirigido por el Gobierno con la voluntad de superar este conflicto".

Además, exige la rehabilitación de los expulsados del cuerpo. "El recurso al régimen disciplinario para acallar las voces críticas ha sido constante", puntualizó.

"Queremos carpetazo a la política del palo y tentetieso. Queremos hablar sin trampas sobre cómo mejorar la Guardia Civil".

Desde su punto de vista, "el Gobierno no hizo nada para que la manifestación no tuviera lugar" y la manifestación fue el último recurso que quedó a la asociación ante las "embestidas militaristas de don José Bono", entonces ministro de Defensa.

"Tenemos el convencimiento de que el Gobierno nos hubiera privado de libertad si hubiera podido, como lo hizo con Jorge Bravo, durante 40 días".

"No entendemos por qué esta dureza con nosotros. Mesquida es el mismo director para todos, pero no trata a todos por igual. No está habiendo proporción", concluyó.