En una nota de prensa, la Asociación afima que las infracciones cometidas por los agentes de la Guardia Civil "jamás debieran ser enjuiciaas por tribunales castrenses, puesto que fueron cometidas por agentes en el ejercicio de tareas de carácter policial, dependientes del Ministerio de Interior".

El Código Penal Militar no permite que una persona sin antecedentes penales y que cumpla los requisitos marcados por la ley no sea encarcelada si es condenada a una pena inferior a los dos años.

La AUGC presentó el pasado 25 de junio de 2002 una queja ante el Defensor del Pueblo para que estudie esta cuestión y pidió al Ministerio de Justiia que modifique el artículo 44 del citado Código Penal Militar para permitir la aplicación de la libertad condicional a los afectados que cumplan los requerimientos que establece el Código Penal ordinario.

Concretamente, esta organización denuncia el caso de Asunción López Arias, una guardia civil de 37 años, casada con otro miembro del instituto, y con dos hijos de 9 y 14 años de edad, que tendrá que ingresar en prisión militar de Alcalá Meco el próximo sábado.

Esta agente fue condenada a cuatr meses de prisión como autora de un delito de abandono de servicio de armas, cometido durante la Nochebuena de 1999, cuando se hallaba de servicio y visitó con el vehículo oficial a unos compañeros que estaban de guardia para felicitarlos. La ausencia duró 10 minutos y la agente "estuvo siempre localizable a través de las transmisiones".

El Ministerio de Defensa denegó el indulto a la agente en octubre de 2002, pese a estar apoyado por más de 10.000 firmas y sin tener en cuenta el "delicado estado de alud" de la afectada que padece una "grave depresión".

La AUGC denuncia también el caso de Vicente Salvador Perelló, de 26 años, que hoy debería ingresar en prisión, para cumplir una pena de dos meses de cárcel tras ser indultado parcialmente de una pena de nueve meses por "desobediencia en servicio de armas".

Los hechos por los que fue condenado se produjeron los días 26 y 27 de febrero de 1999 cuando estaba destinado en el cuartel de Intxaurrondo, en San Sebastián, por encontrarse enfermo, circnstancia de la que avisó con antelación y que justificó después con una baja médica.