LA AUDIENCIA DE SAN SEBASTIAN MULTA CON MAS DE 46 MILLONES AL ESTADO POR EL "FUNCIONAMIENTO ANORMAL" DE LA POLICIA
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La Audiencia Provincial de San Sebastián ha ratificado una sentencia que obliga al Estado a pagar más de 46 millones de pesetas a los propietarios de una joyería y a la compañía aseguradora de ésta, al considerar como "funionamiento anormal de un servicio público" la actuación de la policía cuando fue atracado el local.
La sentencia ratificada ahora fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia número dos de San Sebastián y condenaba al Estado a pagar 34.746.063 pesetas a los propietarios de la joyería y 12 millones a Plus Ultra, compañía aseguradora de la tienda.
El atraco perpretado en la joyería Durant que ha motivado la condena sucedió el 9 de julio de 1988 en la céntrica avenida de la Libertad, en San Sebasián.
Los empleados del establecimiento lograron accionar la alarma en dos ocasiones durante el robo, alertando así a la compañía Visa, encargada de la vigilancia de la joyería, que inmediatamente avisó a la policía.
Aunque la alarma fue accionada por primera vez a las 10,41 horas, los agentes no llegaron a la tienda hasta las 11,05 horas, dando tiempo a los atracadores a huir con el botín.
La sentencia del juzgado de primera instancia, dictada el 3 de noviembre de 1990, considera que los polcías "actuaron con una total falta de diligencia, a pesar de que para tener éxito en su trabajo la rapidez y prontitud son indispensables e imprescindibles", mientras que la Audiencia hace referencia al "funcionamiento anormal de un servicio público".
El abogado del Estado apeló ante la Audiencia alegando, entre otros motivos, que el Estado no es responsable, ya que "los hechos son imputables a unos funcionarios en el ejercicio de su cargo".
La Audiencia ha desestimado este recurso y también el qe presentaron los propietarios de la joyería, que pedían que la empresa de seguridad Visa también fuera condenada.
El abogado del Estado ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Provincial de San Sebastián, mientras que los joyeros y la compañía de seguros han solicitado la ejecución provisional de la misma.
(SERVIMEDIA)
10 Mar 1992
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