En un auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal conocido este martes, se desestima el recurso de apelación contra la decisión del Juzgado Central de Instrucción número 2 de no admitir a trámite una querella contra Zapatero presentada por seis ciudadanos, que le acusaban de los delitos de lesa humanidad, tortura y contra la integridad moral.

Los magistrados sostienen que la querella no concreta "cuáles serían los hechos llevados a cabo por el querellado susceptibles de ser calificados" como delitos de lesa humanidad, tortura y contra la integridad moral, que son los que se le atribuían en la denuncia.

Los denunciantes argumentaban que Zapatero "era conocedor de la comisión de los delitos" descritos y que "ha permanecido vinculado a la cúpula del régimen bolivariano desplegando una actividad encaminada a favorecer que se perpetúe en el poder".

La Sala considera que no existen "indicios racionales de criminalidad que justifiquen la iniciación de una investigación contra el querellado que no sea prospectiva", ya que estos no se desprenden de que "aparezca en fotografías con miembros del Gobierno de Venezuela".

"INVESTIGACIONES PROSPECTIVAS"

Los magistrados rechazan que constituya un indicio delictivo que Zapatero "tenga determinada opinión sobre el último resultado electoral" en Venezuela o que supuestamente dijera al presidente de la Asamblea Constituyente "si no firmas el documento vas a conocer mi peor cara".

El tribunal recuerda que el ordenamiento jurídico español "proscribe las denominadas investigaciones prospectivas", que son aquellas en las que se inicia "una fiscalización general de su conducta, sin un objeto concreto y pretendidamente delictivo".

Los magistrados señalan que la querella no descarta que la actividad de Zapatero en Venezuela "sea por razones humanitarias o como mediador entre el Gobierno de Venezuela y la oposición", como también se refleja en publicaciones periodísticas aportadas por los denunciantes.