Fuentes de la Audiencia Nacional señalaron que el tribunal, presidido por el juez Javier Gómez Bermúdez, también ha rechazado la comparecencia como testigos de la cúpula militar en el momento del accidente.

En concreto, se han rechazado las declaraciones de los militares Moreno Barberá -que era jefe del Estado Mayor de la Defensa (jemad)-, Luis Alejandre -ex Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra-, Eduardo Gonzaléz Gallarza -antiguo Jefe del Estado Mayor del Ejercito del Aire- y Javier Giménez Ugarte -ex secretario general del Política de Defensa-.

Las declaraciones como testigos de la cúpula militar y de los tres políticos habían sido solicitadas por los familiares de las víctimas.

En cambio, sí que declararán en el juicio el ex jemad Félix Sanz Roldán -que accedió al cargo después del accidente-, y el teniente general José Antonio Beltrán.

En el juicio oral se sentarán en el banquillo de los acusados el general de Sanidad Vicente Navarro y dos de sus subalternos, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, acusados de ser los responsables de los errores en la identificación de 30 de las 62 víctimas del accidente aéreo del Yak-42.

Será la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el órgano encargado de celebrar el juicio, que comenzará el día 24 de marzo y que se extenderá en sesiones de mañana y tarde hasta, en principio, el 3 de abril. El ponente será el propio Gómez Bermúdez.

Tanto el fiscal encargado del caso, Fernando Burgos, como los familiares de las víctimas solicitan cinco años de prisión para el general Navarro y cuatro años y medio de cárcel para sus subalternos Ramírez y Sáez.

Todos ellos están acusados de un delito continuado de falsificación en documento oficial por haber faltado a la verdad cuando atribuyeron a 30 víctimas del accidente aéreo una filiación que no era la suya.

Navarro, Ramírez y Sáez fueron los militares que integraron el equipo médico que llevó a cabo la identificación de los cadáveres y que emitió los correspondientes certificados de defunción tras el accidente del Yak-42, que tuvo lugar el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía).

Para el general Navarro, la Fiscalía solicita, además, una multa de 30.000 euros y la inhabilitación especial por un periodo de cinco años, mientras que para Ramírez y Sáez pide una multa de 24.000 euros e inhabilitación de cuatro años.