El caso fue archivado el 29 de enero de 2002 por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, decisión que fue recurrida por Agustín Tornos, abogado de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), así como por la Orgaización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Tornos defendió la tesis de que "el delito contra la salud pública exige sólo un peligro abstracto, y no un peligro concreto, la muerte de una persona con nombre y apellidos", argumento que ha convencido a los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal.

Para los magistrados, "debe aclararse pericialmente si a través de la cadena alimentaria, la incidencia del empleo descontrolado de sustancias presumiblemente nocivas en la alimentación de lacabaña ganadera, ha podido ponerse en riesgo el bien jurídico protegido de la sanidad y el bienestar de la colectividad como ente social".

En este sentido, argumentan que "el delito contra la salud pública antedicho protege dicho bien, y no específicamente la integridad física o la salud de la persona individualmente considerada, lo que abundaría en el delito, pues éste en principio es un delito de riesgo y no de resultado".

Así, tras señalar que el sobreseimiento libre del caso decidido por RuizPolanco es una fórmula "impropia en esta fase procesal", los magistrados añaden que el citado magistrado debe continuar la investigación "mediante interrogatorio de querellados que no han sido examinados y lo demás que resulte necesario". EL ARCHIVO

De esta manera, el juez Ruiz Polanco deberá citar a la treintena de personas que aún no han comparecido ante su juzgado en relación a este caso, el cual archivó por considerar que a lo largo de la investigación no se había acreditado la existencia de un "resgo cierto para la salud humana directa o indirectamente determinado por la expendición de los medicamentos".

Asimismo, señaló que tampoco se había probado "la ausencia de veterinario en la dispensación concreta al ganado en cada caso, ni que no se hayan respetado los tiempos de espera, ni que se hayan suministrado fármacos inadecuados, ni que se hayan empleado los adecuados en las altas dosis que serían perjudiciales a la salud humana".

Para el magistrado, una cosa es la incorrecta utilización e los fármacos, lo que no se había probado, y otra es que los denunciados hayan cometido un delito de intrusismo, lo que debía ser investigado, en su opinión, en los tribunales ordinarios y no en la Audiencia Nacional.

La querella de la FEFE, a la que posteriormente se sumó la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) como acción popular, fue presentada el 20 de octubre de 1999, admitida a trámite por Ruiz Polanco dos meses después, el 21 de diciembre de ese mismo año, y archivada poco más de dos ños más tarde.