Esta práctica fraudulenta consistía en sortear las revisiones anuales obligatorias de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y el pago de las mismas mientras que, por otro lado, se usaban vehículos de alquiler ordinario con un código de clasificación “trampeado”.

El pasado mes de mayo, la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) y Taxi Project presentaron de manera conjunta una querella contra una docena de empresas de VTC que fue admitida a trámite. De este modo, dichas empresas fueron acusadas de adscribir vehículos a las autorizaciones sin cambiar su código de clasificación en la ficha técnica y en el permiso de circulación.

El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid decidió archivar en octubre de 2023 esta querella por los delitos de falsedad documental y estafa.

Ambas asociaciones del sector del taxi decidieron apelar esta decisión al considerar que era improcedente sobreseer el procedimiento sin tan siquiera haber iniciado una investigación y ahora la Audiencia Provincial de Madrid admite dicho recurso para investigar si cometieron o no los delitos citados, según informó la Federación Profesional del Taxi de Madrid.