De acuerdo con estas fuentes, ello se debe a que Ortiz Urculo no convocará al Consejo Fiscal hasta después de esas fistas, con lo que hasta entonces ese órgano consultivo no abordará la forma de cubrir la vacante de la jefatura de la fiscalía, tras la renuncia del anterior candidato, Luis Poyatos.

Respecto a los expedientes, las citadas fuentes señalaron que probablemente el fiscal general del Estado los someta a la consideración del Consejo Fiscal, a pesar de que ello no es preceptivo más que en el caso de las propuestas de traslado forzoso formuladas contra los fiscales María Dolores Márquez e Ignacio Gordillo porsus supuestas disidencias graves con su anterior jefe, José Aranda.

En este caso, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal señala en su artículo 40 que es necesario el informe favorable del Consejo Fiscal.

Los demás expedientes podrían acarrear a los fiscales afectados, Márquez y Gordillo -que tienen otro además del de traslado-, y Pedro Rubira y el teniente fiscal Eduardo Fungairiño, la suspensión de empleo y sueldo, en unos casos por el plazo de un mes y en otros por tres meses.

En concrto, Márquez y Fungairiño se enfrentan a la petición por parte del instructor de su expediente de un mes de suspensión como autores de una falta muy grave por la presunta ocultación de un informe al juez que instruía las diligencias por el atentado perpetrado por ETA contra José María Aznar en abril de 1995.

Fungairiño había optado en el anterior concurso a la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional pero no recibió ningún apoyo del Consejo Fiscal, que se inclinó a favor de Poyatos. Sin embargo el teniente fiscal ya ha anunciado que no volverá a concursar si su expediente concluye en sanción.

Para Rubira, el instructor solicita 3 meses de suspensión por utilizar supuestamente alumnos para elaborar informes sobre causas abiertas, mientras que para Gordillo, expedientado por el mismo motivo, hay dos peticiones de 3 meses de suspensión, una por la utilización de los alumnos y otra por desobedecer la prohibición que Aranda le dió en ese sentido.

Para la imposición de estas sanciones es cometente el Fiscal General del Estado, según el artículo 67 del Estatuto que, sin embargo, no indica que sea necesario el informe del Consejo Fiscal, órgano que, según la citada normativa, tiene entre sus competencias "asesorar al fiscal general del Estado en cuantas materias éste le someta".