Ortiz Urculo salió así al paso de algunas críticas contra su tardanza en resolver los expedientes y aseguró que "cuando se quiere hacer con responsabilidad, cuando se quiere hacer con cuidado, a veces la celeridad está reñida con el estudio".

Insistió en que los expedientes "van deprisa y van bien" y precisó que durante la reunión del Consejo Fiscal de ayer, en la que en principio iban a ser resueltos los expedientes, los vocales de ese órgano consultivo y él mismo puieron de relieve "la necesidad urgente de que esto se resuelva".

Anunció que los expedientes serán resueltos el próximo jueves, día para el que ha convocado a las 10,30 horas de la mañana al Consejo Fiscal con carácter "monográfico", ya que, según explicó, se va a dedicar exclusivamente al examen de los dos expedientes de traslado forzoso, para cuya resolución es preceptivo el visto bueno de ese órgano asesor.

Agregó que, además, durante la reunión informará a los consejeros de sus resoluciones sbre los otros cuatro expedientes disciplinarios y señaló que tras ello el Consejo Fiscal procederá a convocar el concurso para la plaza de fiscal jefe de la Audiencia Nacional, vacante desde que el pasado mes de enero su anterior titular, José Aranda, fuese removido de su cargo.

Por su parte, la titular de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, se mostró "absolutamente convencida" de que la situación que vive la Fiscalía de la Audiencia Nacional "se va a solucionar en breve tiempo" y agregó que el Goberno "está a la espera de que el fiscal general haga las oportunas propuestas".

Tras afirmar que desconoce qué resoluciones va a adoptar Ortiz Urculo sobre los expedientes, dijo que "el fiscal general se está tomando el tiempo que cree necesario para poder decidir".

Los dos expedientes de traslado afectan a los fiscales María Dolores Márquez de Prado e Ignacio Gordillo, que fueron expedientados por supuestas disidencias graves con su anterior jefe.

Además, Gordillo y Márquez de Prado, al igul que el teniente fiscal Eduardo Fungairiño y el fiscal Pedro Rubira, también tienen abiertos otros expedientes disciplinarios por la comisión de una falta muy grave.

En el caso de Márquez y Fungairiño, podría suponerles un mes de suspensión de empleo y sueldo por la presunta ocultación de un informe a un juez de la Audiencia Nacional, mientras que Gordillo se enfrenta a la petición de dos sanciones de suspensión de tres meses cada una y Rubira a otra suspensión de tres meses, ambos por la presunta utlización de alumnos en prácticas para elaborar informes sobre causas abiertas.