Asimismo, de acuerdo con estas fuentes, el fiscal general informará previsiblemente a los miembros del Consejo Fiscal sobre su decisión respecto a los otros 4 expedientes disciplinarios abiertos a otros tantos fiscales de la Audiencia Nacional.

Además el Consejo Fiscal podría adoptar también mañana una decisión sobre la forma en que debe ser cubierta la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, vacante desde que su anterior titular, José Aranda, fuese removido de su cargo el pasado mes de enero.

Los fiscales Márquez de Prado y Gordillo fueron expedientados por "disidencias graves con el fiscal jefe respectivo, por causas a aquellos imputables", lo que, para el instructor de los expedientes, debe ser sancionado con el traslado forzoso de laAudiencia Nacional.

Sin embargo, en sus alegaciones ambos fiscales negaron que tuvieran disidencias graves con Aranda e indicaron que tan sólo se trató de desavenencias jurídicas y técnicas, al tiempo que aseguran que nunca han desobedecido las órdenes de su entonces superior, con el que han tenido siempre una actitud de absoluta lealtad.

Según recoge el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la imposición de la sanción de traslado forzoso corresponde al Ministerio de Justicia a propuesta del fscal general del Estado, quien, sin embargo, debe recabar previamente el visto bueno del Consejo Fiscal, lo que hará mañana.

Los demás expedientes podrían acarrear a los fiscales afectados, Márquez y Gordillo -que tienen otro además del de traslado- y Pedro Rubira y el teniente fiscal Eduardo Fungairiño, la suspensión de empleo y sueldo entre uno y tres meses.

En concreto, Márquez y Fungairiño se enfrentan a la petición por parte del instructor de su expediente de un mes de suspensión como autore de una falta muy grave por la presunta ocultación al juez de un informe que instruía las diligencias por el atentado perpetrado por ETA contra José María Aznar en abril de 1995.

Fungairiño había optado en el anterior concurso a la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pero no recibió ningún apoyo del Consejo Fiscal, que se inclinó a favor de Luis Poyatos. Este, sin embargo, no llegó a tomar posesión del cargo al renunciar a su nombramiento ante la polémica que suscitó su designación.

Tras conocer que el instructor de su expediente solicitaba un mes de suspensión, Fungairiño anunció que no volvería a concursar para la plaza de fiscal jefe mientras no se hubiera resuelto favorablemente su expediente.

Para Rubira, el instructor solicita 3 meses de suspensión por utilizar supuestamente alumnos para elaborar informes sobre causas abiertas, mientras que para Gordillo, expedientado por el mismo motivo, hay dos peticiones de 3 meses de suspensión, una por la utilización de los alumnos y ora por desobedecer la prohibición que Aranda le dio en ese sentido.

El fiscal general del Estado es el competente para la imposición de estas sanciones, según el Estatuto del Ministerio Fiscal, que sin embargo no indica que sea necesario el informe del Consejo Fiscal, al que no obstante Ortiz Urculo podría informar mañana de sus decisiones.