En una sntencia a la que ha tenido acceso Servimedia, el tribunal entiende que dichas sanciones son "contrarias a derecho" dado que no pueden imponerse por los mismos hechos por los que ya fue condenado, la desaparición de "El Nani", por lo que las revoca íntegramente.

La sala entiende que el comisario fue condenado penalmente por actuaciones realizadas en su condición de funcionario público, por lo que no puede darse la doble sanción penal y administrativa, ya que prevalece la primera.

Señala que sólo pede darse la doble sanción administrativa y penal cuando se trata de delitos en los que "sea indiferente la configuración del sujeto activo como funcionario público", lo que, a su juicio, no ocurre en este caso.

Por ello, en su opinión, las resoluciones administrativas "han incidido en vicio de nulidad por ser contrarias a derecho, lo que determina la estimación de la demanda y la revocación de las resoluciones administrativas impugnadas".

Francisco Javier Fernández Alvarez fue condenado por la scción cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid en septiembre de 1988 a un total de 29 años de cárcel como autor de los delitos de detención ilegal con desaparición forzada y delito continuado de falsedad, así como inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.

El tribunal también le condenó a otros tres años de suspensión de cargo públco por tres delitos de detenciones ilegales simples, otros cinco meses de arresto mayor y 8 años de suspensión de profesión policial por un delito de torturs, dos meses más de arresto mayor y un año de suspensión de profesión policial por otro delito de torturas y a otros 16 años de inhabilitación de profesión policial por dos delitos de privación de derechos cívicos.

Posteriormente, en septiembre de 1992, la Secretaría de Estado para la Seguridad le impuso las sanciones de separación de servicio y suspensión de funciones por la comisión de seis faltas muy graves basándose en los hechos probados por la sentencia condenatoria que, a juicio de Interior, suonían la infracción de los deberes u obligaciones policiales, lo que fue impugnado por Fernández Alvarez.