El tribunal decidió el pasado 8 enero suspender el juicio contra Silva debido a la incomparecencia de cuatro testigos fundamentales en la causa.

El fiscal encargado del caso, Carlos Bautista, que pide 105 años y cuatro meses de cárcel para Silva, decidió pedir hacia el final de la vista oral el aplazamiento de lo que quedaba de juicio debido a la incomparecencia de cuatro testigos presenciales que reconocieron al acusado como uno de los autores del robo.

Tras escuchar la argumentación del representante del Ministerio Público y las alegaciones de las demás partes, el presidente del tribunal, el juez Ángel Hurtado, decidió aplazar la celebración de lo que quedaba de juicio hasta mañana.

El fiscal Bautista considera a Silva culpable de un delito de robo con homicidio, dos de asesinato en grado de tentativa, dos de lesiones y un delito de tenencia de explosivos.

Durante su intervención ante el tribunal, Silva negó haber participado en los hechos y explicó que desde 1992, año en el que huyó a Francia, hasta el año 2000, cuando fue detenido en el país vecino, nunca estuvo en España.

El fiscal sostiene que, a principios de 1993, Silva Sande, junto con los grapo Enrique Cuadra Echandía -ya condenado por estos hechos-, y los fallecidos Isabel Santamaría del Pino, Pedro Luis Cuadrado y Valentín Benito Iñigo, decidieron robar un furgón blindado de la compañía Prosegur en Zaragoza para obtener fondos y poder "mantener la operatividad" de la banda terrorista.

En ejecución del plan preconcebido, sobre las 21.45 horas del 7 de abril de 1993 los cinco terroristas se desplazaron en dos coches hasta la calle Madres de la Plaza de Mayo de Zaragoza, transportando dos artefactos explosivos.

Pocos minutos después, el furgón blindando llegó a la citada calle y estacionó para recoger el dinero de un centro comercial, momento en el que los grapos se acercaron al vehículo y colocaron los dos artefactos explosivos, uno en los bajos del coche y el otro en la puerta de acceso al compartimento interior en el que se guardan los fondos.

La explosión ocasionó la muerte instantánea del conductor del furgón, Pedro Manuel Escudero, y provocó heridas graves a sus dos compañeros, Ignacio Hernández Ruiz y José Javier Gascón Bendito, así como a dos viandantes.

TRES GRAPOS MUERTOS

La explosión de los dos artefactos también provocó la muerte de tres de los cincos miembros de los Grapo que participaron en la acción, Santamaría del Pino, Cuadrado Delabat y Benito Iñigo.

Además de los 105 años y cuatro meses de cárcel, el fiscal solicita que Silva indemnice con 240.000 a los herederos del guardia fallecido, así como con diversas cantidades de dinero a los heridos en el atentado.

El acusado negó en todo momento su implicación en los hechos y aseguró que en 1993 ya no tenía relación con los grupos activos de la banda terrorista.