Según informaron a Servimedia fuentes de la Audiencia Nacional, la Sala de Gobierno adoptó asímismo la decisión de enviar dicho escrito al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para que adopten las medidas que consideren pertinentes.

Las citadas fuentes señalaron que la protesta de los secretarios judiciales, que proponen en su escrito que los registros sean practicados por funcionarios de la Audiencia Nacional, podría ser motivo de la apertura de procedmientos disciplinarios, dado que cuestionan la competencia de la Audiencia Nacional para ordenar esas diligencias, organismo del que dicen que tiene una "jurisdicción especial".

Esta decisión de la Sala de Gobierno se produce después de que la Junta de Jueces de la Audiencia Nacional decidiese el pasado jueves enviarle la queja, tras considerar algunos de sus miembros el escrito de los secretarios judiciales de Alava como "lamentable" y "desagradable", según las mismas fuentes.

Estas destacaron aemás, que la Junta de Personal de los juzgados de Alava, que es la que envió el escrito el pasado día 23 de febrero al decano de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, carece de legitimación para ello, al tiempo que calificaron de "desafortunado" el documento tanto en su forma como en el fondo.

En su comunicación, los secretarios y oficiales de los juzgados de Vitoria y Amurrio (Alava) expresan su temor por el hecho de que, por delegación de los juzgados de la Audiencia Nacional, se ven obligados "habitalmente, especialmente en esta última campaña electoral, a realizar diligencias de entrada y registro relacionadas con delitos que hubieran podido cometerse por presuntos miembros de la organización ETA o del ámbito de la izquierda 'abertzale'".

Este hecho, a su juicio, "da lugar a situaciones especialmente desagradables para los trabajadores de estos juzgados con los ciudadanos con los que tienen que convivir e incluso de riesgo personal, dada la actual coyuntura socio-política, dificilmente controlale por las fuerzas de seguridad".

Por ello, piden en su documento que, dado que esos delitos son competencia de la Audiencia Nacional, sean los funcionarios de este organismo los que realicen las diligencias porque, según precisan, tienen compensaciones económicas por la peligrosidad de esas situaciones y un seguro especial "pagado con el dinero de todos".